La pandemia de COVID-19 afectó a todo el mundo y de manera acentuada a países como Ecuador. El país implementó un confinamiento estricto para controlar la propagación del virus, lo cual implicó el cierre de escuelas y cambios en la rutina de los niños. Quienes, aunque menos propensos a contraer el virus, también experimentaron los efectos negativos en su salud mental debido al miedo a la infección, la pérdida de seres queridos y los cambios en su vida diaria. Esto es lo que revela el estudio de nuestra investigadora Ana Lucía Moncayo, titulado “Psychosocial dysfunction of children and adolescents during the COVID-19 lockdown in Ecuador: a cross-sectional study”.
Los hallazgos del estudio resaltan el impacto significativo del confinamiento por COVID-19 en la salud mental de los niños y adolescentes ecuatorianos. La prevalencia de disfunción psicosocial fue mayor en comparación con estudios anteriores, siendo los síntomas de internalización los más comunes.
Factores como las relaciones familiares, la participación en actividades compartidas como las tareas domésticas y las preocupaciones de los cuidadores desempeñaron un papel crucial en el bienestar mental de los niños durante el confinamiento. Es importante destacar que el juego limitado de videojuegos se asoció con una reducción de los problemas psicosociales, lo que enfatiza la importancia de supervisar los hábitos de juego.
La investigación enfatiza en la necesidad de intervenciones y políticas dirigidas para abordar la salud mental de los niños durante la pandemia de COVID-19. Promover relaciones familiares positivas, comunicación efectiva y actividades compartidas puede mitigar los impactos negativos de las medidas de confinamiento. Además, la salud mental de los padres debe ser considerada, ya que influye directamente en el bienestar de los niños.
Los cuidadores deben supervisar el uso de videojuegos, asegurando que se mantenga dentro de límites saludables. Al comprender los desafíos específicos que enfrentan los niños y adolescentes durante la pandemia, los responsables de políticas y los profesionales de la salud pueden proporcionar el apoyo y los recursos adecuados para promover su bienestar general.
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